En el mes de junio de 2010,
Zapatero presentó la
reforma laboral con tres claves que hacen perder derechos laborales a
los trabajadores según el discurso sindical. Estos tres pilares son el
abaratamiento del despido a 20 días por año trabajado ampliando las causas de
los despidos objetivos, la ampliación de la edad límite de los contratos de
formación y la apertura de descuelgue colectivo para las ETTs y la posibilidad
de intermediación privada en el mercado laboral.
Esta reforma se aprobó mediante decreto-ley y fue convalidada en el mes de
septiembre de 2010, unos días antes a la convocatoria de la huelga general.
Durante todo este tiempo, los sindicatos desplegaron una campaña suave contra
esta reforma, dado que hasta el 2010 y con tasas de paro disparadas ya frente a
Europa, las organizaciones sindicales no habían realizado ni una sola propuesta
o protesta por la situación de crisis y la destrucción de empleo al Gobierno de
Zapatero.
Celestino Corbacho, ministro de Trabajo de la reforma
abandonó el ministerio en el mes de octubre de ese
mismo año, después de la huelga general y las desastrosas cifras de paro.
Dos años
despues
El Gobierno actual, aprobó un real decreto en
Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero que entró en vigor días
después y que posteriormente ha sido modificado a su paso tanto por el Senado
como por el Congreso, con la introducción de 85 enmiendas.
La norma establece que la
indemnización por despido improcedente en el caso de los contratos
indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24
mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año
trabajado, con un máximo de un año de salario.
Las empresas podrán acogerse a despidos objetivos por causas
económicas (20 días por año trabajado) cuando de los resultados de la
empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de
pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de
ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que es persistente si se produce
durante tres trimestres consecutivos.
Además,
la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el
límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el
anterior Gobierno, y extingue la autorización laboral administrativa que se
requería en los despidos colectivos.
La ley
aspira a fomentar la contratación indefinida de jóvenes y
de parados de larga duración con bonificaciones de hasta 4.500 euros,
regula por primera vez el teletrabajo, facilita el descuelgue de los convenios y
la modificación de las condiciones laborales, y modifica el contrato estable a
tiempo parcial y el de formación y aprendizaje.
Entre los cambios durante la tramitación parlamentaria de la reforma
destacan la limitación de la vigencia del contrato de emprendedores al tiempo
que
el paro supere el 15%; la priorización de
contratación a víctimas del terrorismo o de violencia doméstica; la exclusión
del despido por absentismo de enfermos crónicos, graves o de cáncer.
Sin embargo, l
os aspectos más controvertidos de la norma, que
provocaron incluso la convocatoria de una huelga
general, se han mantenido íntegramente. Por eso, la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) recurrirá al Tribunal Constitucional, una opción con la que también
amenazó el
PSOE si bien no ha concretado su decisión definitiva.
Lo que sí han prometido los socialistas es modificar la ley en cuanto tengan
ocasión de hacerlo.
Otros cambios incluidos en la reforma son la creación de un
nuevo
contrato para empresas de hasta 50 trabajadores, que contempla
deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o
parados; la modificación de los contratos a tiempo parcial y la regulación del
teletrabajo.
Además, se limita la ultraactividad de los convenios vencidos a un año, se
facilita el descuelgue primando el convenio de empresa por encima de los
sectoriales o autonómicos; se facilitan las modificaciones de condiciones
salariales, se clarifica el despido objetivo, se elimina la autorización previa
para despidos colectivos y se reducen las indemnizaciones.
También se abre la puerta a los despidos en el sector
público, si bien el personal fijo que haya pasado por un proceso
selectivo será el último en ver sus contratos rescindidos; y también se crea una
cuenta de formación y un nuevo contrato de aprendizaje.